Crónica

XV CONVERSATORIO DE LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES

El Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, necesario pero insuficiente

Hacia una nueva regulación de la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales en España

31/01/2022

Refugio Martínez

La violencia sexual que sufren las mujeres y niñas con discapacidad es una realidad que no se puede ignorar. Es un deber de esta sociedad proteger a este sector de la población especialmente vulnerable. Con esa intención se está elaborando el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, una iniciativa que si bien supone un paso adelante también deja camino por recorrer. En el XV Conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres, varias expertas en diferentes materias, han examinado los pros y los contras de esta iniciativa legal.

El camino para proteger cualquier forma de violencia sexual hacia las mujeres, niñas y niños con discapacidad es largo y complicado. Esta temática social “sigue siendo un tabú por lo que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres”, afirmó Laura Berja Vega, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, durante su intervención en el conversatorio, moderado por José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia.

Es una “realidad común”, apunta Laura Berja, la desigualdad que sufren y viven las mujeres, “por eso es muy importante reconocer esa vulnerabilidad”. Precisamente, ese reconocimiento es el que “obliga a los poderes públicos a llegar a todas las mujeres, a no dejar a ninguna atrás y, sobre todo, a las que necesitan mayor protección y mayores recursos especializados”.

“Es cierto que las asignaturas pendientes son muchas”, pero en su opinión, el Proyecto de Ley de libertad sexual supone recorrer “una parte del camino”. “Esta Ley es muy buena y necesaria, y será un hito legislativo en el avance de todos los derechos de las mujeres en la protección frente a la violencia que sufrimos”. También, señaló que hay que prestar especial atención a las diferentes enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios que van en la línea de las reivindicaciones del CERMI.

Reclamaciones inexcusables

En el conversatorio organizado por la Fundación CERMI Mujeres, en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, todas las ponencias se centraron en las reivindicaciones que se están planteando desde distintos sectores para mejorar el Proyecto de Ley. Precisamente, en esas reivindicaciones centró su exposición Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, quien subrayó la necesidad de “dar respuesta a una cuestión de la que solamente vemos la punta del iceberg”. En concreto, hizo especial alusión a la esterilización forzosa, “una práctica que tiene un claro sesgo de genero porque se aplica contra las mujeres y las niñas y, sobre todo, dentro de sectores en especial situación de vulnerabilidad, como son las mujeres con discapacidad”.

La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres afirmó que la esterilización forzosa es una forma de violencia sexual cuando se aplica a las mujeres con discapacidad, “contra su consentimiento o sin su conocimiento” y subrayó la importancia de que “la futura Ley incluya la esterilización forzosa como una forma de violencia sexual para dar cumplimiento al Convenio de Estambul, en vigor en nuestro país desde 2014”. El actual Código Penal, teniendo en cuenta las normativas internacionales, ya incluye esta opción como delito, sin embargo, para Isabel Caballero no es suficiente con esta regulación, “lo que queremos es que, la esterilización aparezca en esta nueva norma recogida en la misma línea que la mutilación genital femenina”.

Otra demanda clave que se observa desde la Fundación CERMI Mujeres es la garantía del acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad. “Queremos que en esta Ley se garantice que haya una plena accesibilidad en todos los tribunales, en los juzgados y, que todos los procedimientos estén plenamente adaptados y con todos los apoyos que las mujeres necesitan, según su edad y tipo de discapacidad”. Isabel Caballero remarcó la necesidad de incluir sus reivindicaciones en la nueva Ley porque, “es la forma de garantizar la protección a las mujeres con discapacidad ya que lo contrario sería una fragante negación de los derechos humanos”.

“La accesibilidad en la justicia es muy difícil por lo que entiendo que esta Ley debería ser más cercana y facilitar que las niñas y niños con discapacidad tengan los conocimientos y la formación adecuados a su capacidades y necesidades”, afirmó durante su intervención, Pilar Sepúlveda García de la Torre, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La falta de accesibilidad en la justicia se debe a varios motivos, por un lado, en muchas ocasiones, “la persona con discapacidad no tiene conocimiento de que realmente es víctima de un delito, porque lo tiene integrado en su día a día y no se da cuenta del delito que esta sufriendo”. Otro motivo es que, “en la mayoría de los casos esta violencia sexual es ejercida por familias y personas cercanas con lo cual, son los propios protectores los que están ejerciendo la violencia”. “La mejor manera de evitar estas situaciones –explicó la jurista– es la prevención a través de una formación mucho más específica para las personas con discapacidad”.

Si bien es cierto que para la vocal del CGPJ, “la Ley es un paso adelante” porque responde a una “necesitad social”, criticó que, en el ámbito penal esta Ley haya “bajado las penas”. Por su parte, también hizo alusión a la importancia de que este proyecto legislativo tenga respaldo económico, “para que los medios y los recursos que se ofrecen en la Ley puedan llevarse a cabo”.

En su exposición apoyó la reivindicación de incluir la esterilización forzosa y el aborto coercitivo como forma de violencia sexual dentro del Proyecto de Ley de libertad sexual y propuso que se incluyera la regulación de la prostitución en la citada norma. En este apartado, la experta jurista no se olvidó tampoco de la pornografía ya que, en su opinión, “no se entiende por qué la pornografía no se considera violencia sexual y más cuando hablamos de niñas o niños con discapacidad”.

Lidia Fernández Montes, activista feminista de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, también, hizo referencia a la prostitución, para ella, una cuestión que se queda en el “debe”, en lo referente a esta Ley, “es todo lo que tiene que ver con la consideración de la prostitución como una violencia sexual”. A su parecer, la citada normativa debe obedecer a los marcos internacionales a los que está suscrita y, en este sentido, “debería incluir la prevención de la prostitución expresamente”. Esta iniciativa legislativa es una oportunidad para sentar las bases en una sociedad que no debe tolerar “que las mujeres sean víctimas de la cosificación y del comercio sexual”.

Para esta activista defensora de los derechos de las mujeres, el Proyecto de Ley es “necesario pero no suficiente”. Quiso, también, criticar su denominación ya que, “es ambigua”. “Estamos hablando de la violencia sexual pero la Ley lo denomina con el nombre de garantías de las libertades sexuales”.  La futura normativa no debería poner el foco en las mujeres, ni en garantizar su libertad sexual, sino en la violencia sexual como expresión del patriarcado. Esta Ley debe advertir a los hombres que abusan de su poder de que no pueden cometer agresiones y que, de hacerlo, “lo van a pasar mal”.

Además, criticó el carácter blando de la Ley, “por no tener contenido imperativo, ni mecanismos suficientes para su aplicación”. También, quiso apuntar la necesidad de dotar a la normativa de los recursos económicos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las iniciativas que se incluyen. “El espíritu de la Ley puede estar muy bien, pero si tú no la dotas de recursos suficientes, no podrás hacerla efectiva”.

Por su parte, Sara Giménez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados quiso empezar su exposición mostrando todo su apoyo a la Fundación CERMI Mujeres en lo referente a la esterilización. "Desde Ciudadanos, es una de las enmiendas que queremos trabajar y en la que queremos que se llegue a un acuerdo”. Cuando se regulan las leyes, no se debe olvidar las situaciones de mayor vulnerabilidad y en lo referente a la esterilización, “estamos ante uno de los mayores ejemplos por eso, vamos a intentar que, en el trámite de enmiendas sea una de las cuestiones a tratar y a mejorar”. También recordó que, siguiendo las guías del Convenio de Estambul no debería haber problemas para introducir estas reclamaciones “porque hay sensibilidad por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios, creo que es algo en lo que podemos llegar a un acuerdo”.

En cuanto al acceso directo a la justicia, la portavoz de Ciudadanos reconoció que, “queda mucho camino por recorrer”, porque, “hay muchos grupos de población que tienen dificultades de acceso, de comprensión o para seguir los tramites”. Esta cuestión se agrava en el caso de las personas con discapacidad por eso, “hay que mejorar esa accesibilidad, es su derecho, y si no garantizamos eso, las leyes no van a ser efectivas”. No quiso terminar sin hacer alusión a los presupuestos, confirmando que, “se necesitan más recursos para que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios que se ofrecen”.

La indemnidad, una cuestión vital

Otro tema importante al que hizo referencia Isabel Caballero es el de la indemnidad como bien jurídico protegido ya que, “todo sujeto debe estar libre de cualquier interferencia en la conformación de su sexualidad”. Cuando los protagonistas son niños o personas que tienen mermada su capacidad jurídica “no vale con la libertad de elección”. Este bien jurídico debe estar incluido en la futura Ley por eso, para Caballero la cuestión de la indemnidad “la debemos dejar apuntada en nuestras aportaciones”.

En cuanto a la indemnidad, Pilar Sepúlveda quiso señalar que a veces el consentimiento no es válido, “porque la persona, bien por su discapacidad, bien por su formación o bien por su educación, no da ese consentimiento totalmente libre”. Por eso, la indemnidad se considera como un bien jurídico protegido y no solamente hay que considerar la libertad sexual como el derecho a elegir o no elegir sino, como el derecho a “elegir sanamente”.

También sobre indemnidad sexual habló Tasia Aranguez Sánchez, miembro del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres, en su exposición quiso señalar su contrariedad porque el Proyecto de Ley no incluya el bien jurídico de indemnidad sexual. Para la experta en Filosofía, no tiene sentido que la nueva normativa solo incluya la libertad sexual ya que, “hay muchas mujeres que no pueden hacer ningún uso de esa libertad”. Este es el caso, por ejemplo, de las niñas y niños pequeños, de las mujeres que están inconscientes, de una mujer con una gran discapacidad intelectual cognitiva, “hay muchas situaciones en las que el bien jurídico determinante no es la libertad sexual sino la indemnidad sexual de las mujeres”.